El habeas corpus es un procedimiento legal que permite a las personas detenidas por el gobierno impugnar su detención ante un tribunal. Si un acusado o un inmigrante detenido considera que el gobierno carece de autoridad legal para detenerlo, puede solicitar a un tribunal que ordene su liberación. Este recurso está disponible tanto para ciudadanos como para no ciudadanos en Estados Unidos.
En latín, habeas corpus significa “debes tener el cuerpo”. Requiere que un juez cuente con la presencia física del detenido para valorar la legalidad de su detención. Es responsabilidad del gobierno demostrar que la detención del individuo es legal y, de no ser así, la persona debe ser liberada.
El habeas corpus, también conocido como Gran Mandamiento, data de 1215, año de la firma de la Carta Magna. Su propósito era garantizar la protección contra la desaparición arbitraria de súbditos por parte del rey, quienes eran enviados a mazmorras secretas sin justa causa ni el debido proceso legal.
Los redactores de la Constitución consideraron que el habeas corpus era tan vital para la preservación de la libertad, la justicia y la democracia que consagraron este mecanismo en la Constitución : “El privilegio del auto de habeas corpus no se suspenderá, salvo en casos de rebelión o invasión, cuando la seguridad pública lo requiera”.
El recurso de habeas corpus se plantea con mayor frecuencia en el ámbito de la justicia penal. Por ejemplo, se invoca cuando una persona encarcelada por un delito estatal, como robo o asesinato, considera que su detención prolongada viola la ley federal . Si bien los estados procesan la mayoría de los delitos en Estados Unidos, la Constitución federal garantiza derechos fundamentales a las personas acusadas de delitos, como el derecho a no ser objeto de registros e incautaciones irrazonables. El habeas corpus asegura que se respeten estos derechos, sirviendo como un control básico sobre las acciones estatales.
El término «hábeas corpus» se ha convertido en una forma coloquial de referirse a cualquier impugnación de la legalidad de una condena o sentencia que no sea una apelación directa ante un tribunal superior. Por ejemplo, las personas condenadas por delitos federales pueden impugnar la legalidad de su condena directamente ante un tribunal federal. Este método se conoce a veces como «hábeas corpus». Asimismo, las personas encarceladas en prisiones estatales pueden alegar que su detención viola la constitución de su estado, la cual puede ofrecer mayor protección que la federal. Este tipo de recursos posteriores a la condena se denominan a veces «hábeas corpus estatal».
Con alrededor de 12.000 solicitudes anuales, los recursos de habeas corpus son relativamente comunes. Sin embargo, ganarlos es difícil: los datos son escasos, pero sugieren una tasa de éxito de poco más del 10% en casos de pena capital y menos del 1% en los demás. Incluso cuando un recurso de habeas corpus prospera, esto no significa necesariamente que la persona quede en libertad de inmediato. A menudo, se le exige someterse a un nuevo juicio constitucional.
El recurso de habeas corpus no es ilimitado. Al contrario, los tribunales y el Congreso han restringido reiteradamente su alcance. En el ámbito penal, el habeas corpus resulta más eficaz cuando la legalidad de la detención de una persona depende de hechos desconocidos al momento de su condena. Entre otros casos, una persona encarcelada puede alegar que su abogado no la representó adecuadamente durante el juicio —en violación del derecho a la asistencia letrada— o que la fiscalía ocultó ilegalmente pruebas clave —en violación del derecho al debido proceso—.
En otros casos, el recurso de habeas corpus puede resultar contraproducente, complejo y ambas cosas. Por un lado, los tribunales federales generalmente no permiten que se utilice el habeas corpus para volver a litigar argumentos presentados durante el juicio o teorías jurídicas que podrían haberse planteado en otro foro, como un tribunal de apelaciones estatal. Permitir estas solicitudes, según han argumentado jueces y legisladores , crearía una vía rápida para eludir los tribunales estatales, lo que menoscabaría el interés de los estados en garantizar la firmeza de las sentencias penales.
El Congreso ha erigido barreras adicionales. En virtud de una ley de 1996 , los tribunales federales no revocarán una condena estatal mediante el recurso de habeas corpus —incluso si parece haberse violado un derecho constitucional— a menos que las decisiones de los tribunales estatales que confirman la condena contravengan significativamente la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Con el paso de los años, esto ha generado resultados preocupantes , ya que los tribunales federales se niegan a intervenir en casos que muchos considerarían injustos .
Históricamente, el recurso de habeas corpus podía utilizarse para impugnar la validez de una orden de deportación conforme a la ley de inmigración. Sin embargo, en las décadas de 1990 y 2000 , el Congreso limitó considerablemente esta práctica y creó vías alternativas para impugnar las deportaciones en virtud de la ley de inmigración.
Estas limitaciones no han afectado la capacidad de los inmigrantes para usar el habeas corpus para impugnar detenciones migratorias ilegales. Por ejemplo, pueden presentar una petición de habeas corpus para argumentar que están detenidos sin fundamento legal, detenidos por un período excesivamente largo o sometidos a condiciones de detención inadmisibles. Tampoco han afectado estas limitaciones su capacidad para usar el habeas corpus para impugnar deportaciones realizadas bajo facultades excepcionales fuera del código de inmigración.
Las peticiones de habeas corpus han sido un instrumento vital para impugnar las políticas migratorias de la administración, en particular la invocación y el uso por parte del presidente de la Ley de Extranjeros Enemigos de 1798 , una ley que autoriza detenciones y deportaciones masivas de inmigrantes en tiempos de guerra.
Desde la Guerra de 1812, los tribunales han permitido a los inmigrantes presentar peticiones de habeas corpus para impugnar su detención o posible expulsión en virtud de la Ley de Extranjeros Enemigos, y la Corte Suprema reafirmó recientemente este derecho. En dichas peticiones, los inmigrantes han argumentado históricamente que no eran «extranjeros enemigos», que la ley se aplicó indebidamente en tiempos de paz o que su uso presentaba deficiencias constitucionales; es decir, que la Ley de Extranjeros Enemigos no podía servir de fundamento jurídico para su detención o deportación.
Hoy, inmigrantes venezolanos acusados de ser miembros de la pandilla Tren de Aragua, considerados “extranjeros enemigos”, han presentado peticiones de habeas corpus en todo el país, esgrimiendo los mismos argumentos. Hasta el momento, todos los tribunales que han examinado casos relacionados con la Ley de Extranjeros Enemigos han otorgado algún tipo de amparo a los inmigrantes venezolanos, dictaminando que los peticionarios no eran miembros de pandillas, que el presidente había invocado indebidamente la ley en tiempos de paz o que el intento de aplicarla violó el debido proceso constitucional. Estas peticiones han impedido que el gobierno de Trump utilizara esta ley, vigente en tiempos de guerra, para llevar a cabo más deportaciones de inmigrantes venezolanos sin brindarles la oportunidad de una audiencia judicial. Otras peticiones de habeas corpus han solicitado el regreso de inmigrantes ya deportados bajo la Ley de Extranjeros Enemigos y otras autoridades, en la medida en que dichos inmigrantes, como Kilmar Abrego García , han sido detenidos sin fundamento legal en una prisión salvadoreña por orden del gobierno de Trump.
También se han presentado recursos de habeas corpus para impugnar las detenciones migratorias llevadas a cabo por el gobierno, como las de los estudiantes Mahmoud Khalil y Rümeysa Öztürk . En estos casos, los peticionarios argumentaron que su detención constituía una represalia inconstitucional por su libertad de expresión política y que no existía fundamento legal alguno para su detención durante el proceso migratorio. Los tribunales ordenaron la liberación de Khalil y Öztürk .
No, solo el Congreso puede suspender el habeas corpus. Dado que el recurso de habeas corpus ha obstaculizado algunas de las políticas migratorias más agresivas del presidente, miembros del gobierno han considerado su suspensión . Sin embargo, la mayoría de los expertos legales coinciden en que esta no es una opción para el poder ejecutivo. Esto se debe, en parte, a que la cláusula de suspensión del habeas corpus, que establece cuándo se puede suspender , se encuentra en el Artículo I de la Constitución, donde se definen las facultades del Congreso.
Si bien solo el Congreso tiene la autoridad para suspender el habeas corpus, no puede hacerlo a su antojo; solo puede suspenderlo “cuando en casos de rebelión o invasión la seguridad pública lo requiera”.
Sí, el habeas corpus se ha suspendido cuatro veces en la historia del país. El presidente Abraham Lincoln lo hizo en 1861, durante la Guerra Civil. Esta decisión fue impugnada ante los tribunales y derivó en un enfrentamiento constitucional entre los poderes ejecutivo y judicial. El presidente del Tribunal Supremo, Roger Taney, dictaminó que solo el Congreso tenía la facultad de suspender el habeas corpus, pero Lincoln no acató de inmediato la decisión de Taney. El conflicto se resolvió dos años después, cuando el Congreso aprobó la suspensión decretada por Lincoln.
El Congreso aprobó suspensiones en otras tres ocasiones en lugares específicos: en 1871 en Carolina del Sur durante la Reconstrucción para frenar la violencia del Ku Klux Klan, en 1905 durante una rebelión contra el ejército estadounidense en Filipinas cuando era territorio estadounidense, y en 1941 en Hawái después del ataque a Pearl Harbor.